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05 Feb 2020
El Gobierno se compromete a mejorar la rentabilidad de agricultores y ganaderos
Luis Planas destaca como principales medidas la reforma de la ley de la cadena alimentaria, la modificación de la ley de organizaciones interprofesionales y el incremento de la dimensión cooperativa.
El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado al Consejo de Ministros un informe sobre la Mesa de Diálogo Agrario constituida con las organizaciones profesionales agrarias para dar respuesta a los problemas del sector agroalimentario.
Según ha recalcado, el Gobierno comprende la preocupación de agricultores y ganaderos por la volatilidad de los preciosy la disminución de los márgenes comerciales, situación que no solo está ocurriendo en España sino que también afecta a otros países comunitarios como Países Bajos, Francia o Alemania.
El ministro ha asegurado que la constitución de esta mesa de diálogo demuestra que el Gobierno está dispuesto a dialogar y trabajar de manera coordinada con todas las partes implicadas: productores, industria, distribución e incluso los ciudadanos, que con sus decisiones de compra marcan también el rumbo del conjunto del sistema agroalimentario.
PRINCIPALES MEDIDAS
El ministro ha recalcado que el Gobierno de España tiene claro que la actividad agroganadera es un sector con futuro.
Por eso, el Ministerio ha propuesto una serie de medidas enfocadas a mejorar la rentabilidad de las explotaciones agrarias.
En relación con los precios, la intención del Gobierno es la de incrementar la dotación en los Presupuestos Generales del Estado para apoyar el sistema de seguros agrarios, “el mejor elemento de defensa frente al riesgo climatológico” y una herramienta clave para los productores en casos de pérdida de producción por las adversidades climáticas.
En relación con el mercado, se está elaborando una propuesta de modificación de la ley de la cadena alimentaria, cuyos principales aspectos son:
El establecimiento de una relación más precisa de las prácticas comerciales prohibidas (con la trasposición de la directiva comunitaria sobre prácticas comerciales desleales).
La regulación contra la destrucción del valor de los productos agrarios (conocido como venta a pérdidas).
La obligatoriedad de incluir el coste de producción como factor para el establecimiento de los precios en los contratos agrarios.
La publicidad de las sanciones impuestas a las empresas que incumplan la normativa en los contratos con agricultores y ganaderos.
Será clave el diálogo que se mantendrá con las grandes empresas de la distribución alimentaria, que pueden contribuir de manera significativa a valorizar el trabajo de agricultores y ganaderos, tanto desde el punto de vista económico como de reputación social.
Por otro lado, se trabajará para lograr una mejor estructuración vertical y horizontal de la oferta, a través de la modificación de la ley de organizaciones interprofesionales, con el objetivo de fomentar su presencia en los diferentes sectores.
Para el ministro, estas organizaciones pueden contribuir a la mejora de la rentabilidad al contar, por ejemplo, con herramientas legales para retiradas de mercado y medidas de promoción.
Desde el punto de vista horizontal, las cooperativas agroalimentarias deben ganar en dimensión para adaptarse a las nuevas circunstancias del mercado y ser más competitivas.
Según ha detallado, en España hay unos 800.000 productores, unas 4.000 cooperativas agrarias y, siendo el cuarto país en producción agroalimentaria de la Unión Europea, no hay ninguna cooperativa española entre las 50 primeras de Europa. Estos datos evidencian la necesidad de aumentar su dimensión y reforzar la organización de la oferta del sector productor para fortalecer su posición negociadora.
Asimismo, Planas ha recalcado el compromiso del Gobierno para defender el mantenimiento del presupuesto de la futura PAC, una política fundamental para el mantenimiento de las rentas de agricultores y ganaderos, y para que puedan afrontar los nuevos retos ambientales y de lucha contra el cambio climático.
El Gobierno defenderá que los productos importados de países terceros cumplan los mismos estándares de calidad y sanidad que se exigen en la Unión Europea, así como los precios de entrada.
Medidas encaminadas a apoyar a la “inmensa clase media” de agricultores y ganaderos que pasan un mal momento como consecuencia de la volatilidad de los precios y de una reducción de los márgenes comerciales y que están generando preocupación entre los productores y que comparte este Gobierno.
