La Plataforma de Veterinarios Interinos Afectados por la Administración Pública ha alzado la voz para denunciar graves abusos e irregularidades en la gestión de la temporalidad en el sector público español.
Esta situación afecta a miles de trabajadores temporales, poniendo en riesgo la calidad de servicios esenciales como la sanidad, la educación y la administración pública.
A medida que España intenta cumplir con las exigencias de la Unión Europea para reducir la temporalidad en su administración, han emergido denuncias sobre ceses masivos y prácticas opacas.
Según los afectados, las administraciones maquillan cifras para aparentar avances, contabilizando plazas como fijas aunque sigan ocupadas por temporales. Además, se señala que las plazas liberadas tras los ceses son frecuentemente cubiertas de nuevo mediante contratos temporales, perpetuando el problema.
Los procesos de estabilización, ideados para garantizar la permanencia de estos trabajadores, también han sido duramente criticados por su falta de transparencia y equidad.
En algunos casos, los méritos no han sido correctamente baremados, dejando fuera a aspirantes con años de experiencia.
Esto ha llevado a una sobrecarga judicial, con miles de empleados recurriendo a los tribunales para exigir justicia.
Expertos legales destacan que las compensaciones económicas previstas en la Ley 20/2021 no cumplen con los estándares europeos establecidos por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
El impacto de estas irregularidades trasciende el ámbito laboral. Servicios públicos esenciales enfrentan carencias de personal cualificado, mientras España se expone a posibles sanciones económicas de la Comisión Europea, bloqueo de fondos y millonarias indemnizaciones.
Los afectados demandan indemnizaciones justas, procesos de estabilización transparentes y la garantía de que los ceses no sirvan para encubrir nuevos contratos temporales.
Su lucha es un llamado a la justicia laboral y a la salvaguarda de los servicios públicos.
