En una decisión trascendental para el sector porcino, el Presidente Luis Abinader de República Dominicana ha firmado el Decreto No. 663-23, destacando la regulación y bioseguridad de las granjas porcinas como asunto de alto interés nacional.
El decreto busca fortalecer la producción de cerdos y establecer los mecanismos legales necesarios para garantizar la seguridad alimentaria. Según el propio decreto, la promoción y desarrollo de la industria porcina se consideran políticas públicas de alta importancia económica y estratégica. Señala el documento:
“El cerdo se posiciona como el segundo producto cárnico más consumido per cápita en los últimos cinco años”
Además, se destaca en el decreto la falta de parámetros específicos de regulación para las unidades porcinas productivas, lo que ha llevado al aumento sin control de las granjas. Este vacío regulatorio ha generado preocupaciones sobre la efectividad de los controles de bioseguridad en estas instalaciones.
El decreto aborda aspectos de la realidad de la producción porcina y sus riesgos en Latinoamérica, afectada por enfermedades infecciosas como la peste porcina clásica (PPC) y la peste porcina africana (PPA). Estas enfermedades no solo generan pérdidas económicas para los productores, sino que también limitan las exportaciones de productos pecuarios nacionales hacia mercados extranjeros.
En consonancia con la Ley No. 4030, del 13 de enero de 1955, que declara de interés público la defensa sanitaria de los ganados, el control de las epizootias y la prevención de enfermedades transmisibles al ser humano, el decreto instruye al Ministerio de Agricultura a emitir reglamentos para cumplir con los objetivos establecidos.
El texto del decreto enfatiza la necesidad de regular las granjas porcinas ante el crecimiento acelerado de estas instalaciones y su consiguiente expansión. Subraya el documento:
“Es de interés nacional reiterar la necesidad de regular las granjas porcinas para lograr la erradicación de enfermedades transmisibles de animales a humanos”
Con este decreto, el gobierno busca no solo fortalecer la industria porcina, sino también salvaguardar la salud pública y la seguridad alimentaria en República Dominicana. Este paso refleja un compromiso decidido con el bienestar de los ciudadanos y la competitividad en el mercado global de productos porcinos.
